La oportunidad de construir confianza en el sector minero

Con el cambio de gobierno en Colombia se han modificado también las prioridades en el sector minero. Quienes tenemos la oportunidad de formar parte de esta industria hemos advertido y, en cierta medida, celebrado esta nueva realidad. Saber que la industria por la cual día a día trabajamos vuelve a estar en el centro del debate por sus beneficios y oportunidades de desarrollo para el país es una buena noticia.

En ese contexto, el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Minería y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible han trabajado en el proceso de reactivar un sector que ha soportado la incertidumbre jurídica y política que generó retrasos en el desarrollo de diversos proyectos y, como resultado de ello, en los beneficios que una actividad legal, como lo es la minería, podría haber representado para el país. Conviene recordar que, la actividad minera ha sido reconocida como una de utilidad pública e interés social y es una condición que debe preservarse.

Sin embargo, todo ese trabajo que las diversas entidades del sector han empezado a desarrollar debe materializarse gracias a la claridad técnica, jurídica y conceptual que es necesaria en este tipo de industrias. Cada norma debe formularse con los más altos estándares técnicos y jurídicos que permitan armonizar el desarrollo del sector con las comunidades y la protección del ambiente.

La finalidad de la industria debe ser que los proyectos mineros se conviertan en focos de desarrollo y no de conflictividad social. Razón por cual, no puede desconocerse todo el camino que se ha recorrido gracias a las cláusulas sociales en algunos contratos, la implementación de Planes de Gestión Social o el rigor en la evaluación de los Estudios de Impacto Ambiental, ya que, el objetivo debe ser la minería regenerativa y no únicamente una “minería bien hecha”.

Las comunidades y sus necesidades cambiaron y, en ese mismo sentido, debe evolucionar la minería en Colombia, desde los formuladores de políticas públicas hasta los beneficiarios de proyectos. Por ello, la realidad de la industria no se debe quedar únicamente en agilizar trámites, destrabar procedimientos de licenciamiento o evaluación de documentos técnicos, sino en analizar la manera en la cual se puede generar confianza en la actividad minera, porque, la “velocidad administrativa” no significa necesariamente la aceleración de la confianza en los proyectos.

Siendo así, aunque la certidumbre sobre los términos para desarrollo de los procedimientos es indispensable para la industria minera, constituye apenas una de las aristas del complejo concepto de gobernanza, el cual comprende todos los métodos “que las sociedades utilizan para distribuir el poder y gestionar los recursos y problemas públicos” (Blunt & Rondinelli, 1997) y, a partir de esta definición es posible entender que la “gobernanza minera” reúne todas las herramientas que los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado emplean para mejorar la industria.

En definitiva, la invitación es a que los actores del sector promuevan los espacios de diálogo y coordinación necesarios para aprovechar este nuevo escenario político y fortalecer la industria. Esta responsabilidad no depende únicamente de la existencia de un marco jurídico claro, sino también de la manera en que este se materialice en los proyectos y, sobre todo, de cómo cada integrante de la cadena minera actúe responsablemente frente a su entorno y a su propio desarrollo.